Ante volumen de procesados por violaciones a derechos humanos.
Por Noticias Aliadas
Cinco años después de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitió la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-83), son gratificantes los avances para las víctimas que de a poco van encontrando las anheladas justicia y verdad, pero también son muchos los retos que enfrenta un sistema judicial desbordado que juzga a represores que están muriendo sin siquiera tener condenas firmes.
A octubre del 2010, son 255 los imputados fallecidos, mientras más del 70% de las causas están en etapa de instrucción, según estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que quiere decir que sólo 10 juicios finalizan por año.
“A ese ritmo calculamos juicios para 20 años”, asegura Lorena Balardini, investigadora del CELS, institución que actúa como querellante por las víctimas o como parte acusatoria. “Hemos recomendado que se acumulen las causas bien sea por jurisdicción (es decir, por provincia), por centro clandestino de detención o por imputado, porque hay un desperdicio de recursos y de tiempo al hacer audiencias con una sola víctima”.
Aunque en Argentina se celebra la iniciativa del gobierno del recientemente fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) para la reanudación de los juzgamientos, una decisión empujada con fuerza por el trabajo de décadas de organizaciones de derechos humanos, el volumen de imputados (1,000) está desbordando el sistema judicial.
El 8 de noviembre falleció, a los 85 años, el ex almirante Emilio Massera, integrante de la Junta Militar que comandó el golpe de 1976. Si bien durante el gobierno presidido por Raúl Alfonsín (1983-89) Massera había recibido cadena perpetua en el conocido como “Juicio a las Juntas”, los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem (1989-99) al inicio de su primer mandato lo dejaron libre pese a ser responsable de más de 700 delitos, entre ellos 83 homicidios.
Salas compartidas y audiencias simultáneas
Incluso en las megacausas que interrelacionan varios juicios por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención, como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y Campo de Mayo, los testigos tienen que rendir versión varias veces y las salas de audiencias deben ser compartidas (hay 12 juicios orales simultáneos). Recién en febrero próximo comenzará el debate oral de la causa “Plan sistemático de robo de bebés”, cuya denuncia había sido instaurada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1996.
“Hoy hay nuevos testimonios para hechos que antes no eran eje de las causas, como la violencia sexual y la sustracción de menores, de la que tenemos 35 casos”, dice María Inés Bedia, abogada del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. “Pero para nosotros el mayor reto todavía es encontrar a 400 chicos que fueron apropiados [por militares]”. La organización ha logrado recuperar a 102 hijos e hijas de desaparecidos, el último en setiembre pasado.
Un elemento clave en los juicios a los represores es la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que aplica las ciencias forenses a la investigación de violaciones de derechos humanos. Creado en 1984 para investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina, el EAAF ha logrado, a partir de perfiles biológicos de los esqueletos (exhumados en fosas comunes de cementerios municipales o predios militares), evidencias balísticas, análisis de documentación (libros de cementerio, testimonios y archivos policiales que registran simples NN o nombres de guerra), y el avance de la genética, la identificación de 300 personas. De un promedio de 1,000 exhumaciones realizadas —la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas (CONADEP), creada por Alfonsín, recibió denuncias sobre la desaparición de aproximadamente 10,000 personas durante la dictadura—, aún hay 600 restos sin identificar que reposan en el laboratorio del EAAF en Buenos Aires y otras provincias como Córdoba y Tucumán, donde la represión fue especialmente intensa.
El 16 de noviembre, Patricia Bernardi, una de las fundadoras del EAAF, ingresó al tribunal donde se sigue el juicio a los represores del centro de detención clandestino El Vesubio. Con pruebas periciales demostró que el supuesto enfrentamiento entre subversivos y el Ejército, ocurrido el 28 de abril de 1977, en el que murieron cinco guerrilleros, tal como informara un día después el diario La Opinión, no era tal sino que se trataba de civiles secuestrados y asesinados a balazos en Buenos Aires.
“Era mostrarle a la justicia que eso que se leyó como un tiroteo, era un traslado y un asesinato de gente”, cuenta Bernardi, quien por cuarta vez declaraba como testigo pericial en los juicios reactivados en el 2005, en algunos de ellos incluso frente a represores, a quienes paradójicamente les tenía que explicar qué es un orificio de bala. “Me parece que son [tan duros como] una madera, nada los moviliza. Pero no es mi objetivo sensibilizarlos, sino que el juez crea que la prueba científica es válida y el familiar crea en la identificación”.
“La principal satisfacción es concretar una restitución y responder a una familia, momento en el cual uno encuentra sentido a lo que hace”, dice Silvana Turner, otra antropóloga del equipo de 45 personas, quien advierte que “este hecho debe ser reparador y no retraumatizante”. Por eso son los familiares quienes deciden qué pasos del proceso acompañan o no: desde la notificación que reciben de la Cámara Federal (primera instancia del juicio donde se celebran las audiencias, el EAAF asiste a aportar la prueba pericial) hasta la cremación.
El valor de la prueba de ADN
El trabajo del EAAF se disparó en el último año gracias a la Iniciativa Latinoamericana para la Desaparición de Personas, una especie de banco de datos de ADN en el que los familiares dejan sus muestras de sangre tomadas gratuitamente a nivel nacional —ya superan las 7,000 muestras— las cuales se cotejan con los restos y muestras óseas recogidas en campo.
“Es una carrera contrarreloj porque vemos fallecer a muchos padres sin saber qué ocurrió con sus hijos, sin una posibilidad de restituir los restos y sin ver en juicio a los represores que se están muriendo”, dice Turner.
La defensa de los imputados —que aún hoy entre los rangos militares más altos no reconocen la justicia civil, y entre los más bajos niegan los hechos— dilata el proceso interponiendo recursos de casación que han hecho que la Corte Suprema sólo haya confirmado tres sentencias: Las de los represores Julio Héctor Simón y Miguel Etchecolatz en el 2006 (el caso de este último recordado por la desaparición del testigo Julio López en plena democracia) y la de Christian Von Wernich en el 2007.
“Algunos jueces y fiscales eran funcionarios en aquellos tiempos de la dictadura y han tenido un interés directo en frenar la investigación”, dijo en diálogo con Noticias Aliadas Jorge Auat, fiscal general a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, creada en el 2007 por la Procuración General de la Nación, dependencia del Ministerio Público Fiscal. “Hemos superado hechos como las cárceles VIP [en unidades militares], pero si no hay sentencias firmes, sigue habiendo impunidad en términos formales”.
Las estadísticas de la Unidad —que difieren de las del CELS, porque incluyen las condenas reactivadas de los años 80 y las de robo de bebes— hablan de 783 procesados, 377 elevados a juicio y 131 condenados.
Aunque Argentina es de los pocos países que en efecto está juzgando a sus militares, otras organizaciones como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) —cuyo presidente es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel—, Amnistía Internacional y Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), han llamado la atención sobre la reducción del concepto de derechos humanos a los abusos de la dictadura, desatendiendo lo que sucede en democracia. Temáticas como el abuso de autoridad, el “gatillo fácil”, la vulneración de los derechos de los indígenas y migrantes, son en su concepto temas pendientes.
A octubre del 2010, son 255 los imputados fallecidos, mientras más del 70% de las causas están en etapa de instrucción, según estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que quiere decir que sólo 10 juicios finalizan por año.
“A ese ritmo calculamos juicios para 20 años”, asegura Lorena Balardini, investigadora del CELS, institución que actúa como querellante por las víctimas o como parte acusatoria. “Hemos recomendado que se acumulen las causas bien sea por jurisdicción (es decir, por provincia), por centro clandestino de detención o por imputado, porque hay un desperdicio de recursos y de tiempo al hacer audiencias con una sola víctima”.
Aunque en Argentina se celebra la iniciativa del gobierno del recientemente fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) para la reanudación de los juzgamientos, una decisión empujada con fuerza por el trabajo de décadas de organizaciones de derechos humanos, el volumen de imputados (1,000) está desbordando el sistema judicial.
El 8 de noviembre falleció, a los 85 años, el ex almirante Emilio Massera, integrante de la Junta Militar que comandó el golpe de 1976. Si bien durante el gobierno presidido por Raúl Alfonsín (1983-89) Massera había recibido cadena perpetua en el conocido como “Juicio a las Juntas”, los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem (1989-99) al inicio de su primer mandato lo dejaron libre pese a ser responsable de más de 700 delitos, entre ellos 83 homicidios.
Salas compartidas y audiencias simultáneas
Incluso en las megacausas que interrelacionan varios juicios por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención, como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y Campo de Mayo, los testigos tienen que rendir versión varias veces y las salas de audiencias deben ser compartidas (hay 12 juicios orales simultáneos). Recién en febrero próximo comenzará el debate oral de la causa “Plan sistemático de robo de bebés”, cuya denuncia había sido instaurada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1996.
“Hoy hay nuevos testimonios para hechos que antes no eran eje de las causas, como la violencia sexual y la sustracción de menores, de la que tenemos 35 casos”, dice María Inés Bedia, abogada del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. “Pero para nosotros el mayor reto todavía es encontrar a 400 chicos que fueron apropiados [por militares]”. La organización ha logrado recuperar a 102 hijos e hijas de desaparecidos, el último en setiembre pasado.
Un elemento clave en los juicios a los represores es la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que aplica las ciencias forenses a la investigación de violaciones de derechos humanos. Creado en 1984 para investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina, el EAAF ha logrado, a partir de perfiles biológicos de los esqueletos (exhumados en fosas comunes de cementerios municipales o predios militares), evidencias balísticas, análisis de documentación (libros de cementerio, testimonios y archivos policiales que registran simples NN o nombres de guerra), y el avance de la genética, la identificación de 300 personas. De un promedio de 1,000 exhumaciones realizadas —la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas (CONADEP), creada por Alfonsín, recibió denuncias sobre la desaparición de aproximadamente 10,000 personas durante la dictadura—, aún hay 600 restos sin identificar que reposan en el laboratorio del EAAF en Buenos Aires y otras provincias como Córdoba y Tucumán, donde la represión fue especialmente intensa.
El 16 de noviembre, Patricia Bernardi, una de las fundadoras del EAAF, ingresó al tribunal donde se sigue el juicio a los represores del centro de detención clandestino El Vesubio. Con pruebas periciales demostró que el supuesto enfrentamiento entre subversivos y el Ejército, ocurrido el 28 de abril de 1977, en el que murieron cinco guerrilleros, tal como informara un día después el diario La Opinión, no era tal sino que se trataba de civiles secuestrados y asesinados a balazos en Buenos Aires.
“Era mostrarle a la justicia que eso que se leyó como un tiroteo, era un traslado y un asesinato de gente”, cuenta Bernardi, quien por cuarta vez declaraba como testigo pericial en los juicios reactivados en el 2005, en algunos de ellos incluso frente a represores, a quienes paradójicamente les tenía que explicar qué es un orificio de bala. “Me parece que son [tan duros como] una madera, nada los moviliza. Pero no es mi objetivo sensibilizarlos, sino que el juez crea que la prueba científica es válida y el familiar crea en la identificación”.
“La principal satisfacción es concretar una restitución y responder a una familia, momento en el cual uno encuentra sentido a lo que hace”, dice Silvana Turner, otra antropóloga del equipo de 45 personas, quien advierte que “este hecho debe ser reparador y no retraumatizante”. Por eso son los familiares quienes deciden qué pasos del proceso acompañan o no: desde la notificación que reciben de la Cámara Federal (primera instancia del juicio donde se celebran las audiencias, el EAAF asiste a aportar la prueba pericial) hasta la cremación.
El valor de la prueba de ADN
El trabajo del EAAF se disparó en el último año gracias a la Iniciativa Latinoamericana para la Desaparición de Personas, una especie de banco de datos de ADN en el que los familiares dejan sus muestras de sangre tomadas gratuitamente a nivel nacional —ya superan las 7,000 muestras— las cuales se cotejan con los restos y muestras óseas recogidas en campo.
“Es una carrera contrarreloj porque vemos fallecer a muchos padres sin saber qué ocurrió con sus hijos, sin una posibilidad de restituir los restos y sin ver en juicio a los represores que se están muriendo”, dice Turner.
La defensa de los imputados —que aún hoy entre los rangos militares más altos no reconocen la justicia civil, y entre los más bajos niegan los hechos— dilata el proceso interponiendo recursos de casación que han hecho que la Corte Suprema sólo haya confirmado tres sentencias: Las de los represores Julio Héctor Simón y Miguel Etchecolatz en el 2006 (el caso de este último recordado por la desaparición del testigo Julio López en plena democracia) y la de Christian Von Wernich en el 2007.
“Algunos jueces y fiscales eran funcionarios en aquellos tiempos de la dictadura y han tenido un interés directo en frenar la investigación”, dijo en diálogo con Noticias Aliadas Jorge Auat, fiscal general a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, creada en el 2007 por la Procuración General de la Nación, dependencia del Ministerio Público Fiscal. “Hemos superado hechos como las cárceles VIP [en unidades militares], pero si no hay sentencias firmes, sigue habiendo impunidad en términos formales”.
Las estadísticas de la Unidad —que difieren de las del CELS, porque incluyen las condenas reactivadas de los años 80 y las de robo de bebes— hablan de 783 procesados, 377 elevados a juicio y 131 condenados.
Aunque Argentina es de los pocos países que en efecto está juzgando a sus militares, otras organizaciones como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) —cuyo presidente es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel—, Amnistía Internacional y Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), han llamado la atención sobre la reducción del concepto de derechos humanos a los abusos de la dictadura, desatendiendo lo que sucede en democracia. Temáticas como el abuso de autoridad, el “gatillo fácil”, la vulneración de los derechos de los indígenas y migrantes, son en su concepto temas pendientes.
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